Romina Picolotti fue premiada en Noruega, recibió en Oslo, el Premio Sofía 2006 que le otorgó la Sophie Foundation, por su contribución innovadora a la promoción del vínculo entre los derechos humanos y el ambiente.
Por Osvaldo Nicolás Pimpignano *
“En un marco de derechos humanos, el Estado, los empresarios y los ciudadanos tenemos la obligación de actuar respetando la naturaleza y a aquellos que la habitan, no como gracias concedidas al prójimo, sino porque tenemos la obligación jurídica de hacerlo”, remarcó la abogada al recibir el galardón. Picolotti, quien, tambien acompaña al Gobierno de Entre Ríos en las acciones que lleva adelante contra la instalación de papeleras contaminantes en Fray Bentos, fue premiada en Oslo por su labor en defensa de los derechos humanos en relación con el medio ambiente. Al hablar en la ceremonia, expresó su “asombro” por haber sido escogida “entre tantos calificados nominados” para este premio y destacó que el “Sofía presenta de algún modo las preocupaciones existenciales que nos inquietan y es, sin duda, la búsqueda incesante de respuestas a las mismas”. Aprovechó la “oportunidad única para transmitir” sus “pensamientos relacionados con la defensa del medio ambiente desde una perspectiva de los derechos humanos”.
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Picolotti señaló que a su entender “la defensa del ser humano, de su dignidad, de sus derechos humanos inevitablemente implica la defensa de la tierra. Y la defensa de la tierra es la defensa del ser humano”. ******************************************************
Por eso, advirtió, “si continuamos destruyendo los recursos vitales que nos brinda el planeta, desconociendo nuestra pertenencia, solo podemos esperar verdaderas catástrofes sociales”. “Hemos fundamentado nuestra existencia en sistemas sociales que promueven el despilfarro masivo. Malgastamos millones de dólares para satisfacer la vanidad humana. Pero no invertimos lo suficiente en reemplazar sistemas de producción y de consumo que serían menos nocivos al planeta tierra y con ello a las personas. En sólo unas décadas, en nuestro afán de consumo extremo y confort superfluo, hemos contaminado y estamos contaminando el planeta a un ritmo vertiginoso, en una magnitud tal que ponemos en riesgo nuestra propia existencia”, hizo notar. Sostuvo a la vez que “estos sistemas sociales, cuya esencia es el despilfarro, sólo pueden mantenerse en el tiempo mediante la explotación irracional de recursos naturales aportados principalmente por los países pobres”. En ese contexto se preguntó “¿qué hacer frente a este escenario? Sin duda no podemos quedarnos de brazos cruzados, hay demasiado en juego”, dijo, para enseguida concluir que “semejante desafío requiere de la acción conjunta, solidaria y coordinada. Debemos elevarnos por encima de los intereses mezquinos. Es preciso, en virtud de la urgencia, actuar ya”. Según Picolotti, “seremos exitosos en la medida en que les dejemos a nuestros hijos un mundo mejor, socialmente más justo y naturalmente más habitable. Seremos felices si nuestros nietos podrán nadar sin temor en los mismos ríos y lagos en los que nosotros hemos nadado”. “Ahora bien, este accionar necesario tanto por parte del ciudadano como por parte del Estado y por el empresariado, no puede realizarse al margen del derecho, sencillamente porque es este el medio que hemos elegido para relacionarnos, para convivir. En la cúspide de la pirámide normativa se encuentra el derecho de los derechos humanos y es este, no otro el que debe guiar nuestra acción. Debemos interpretar y exigir los derechos humanos en conexión con el ambiente”.

El rol del Estado y de las empresas

En este sentido Picolotti consideró que, “la protección del ambiente en el marco jurídico de los derechos humanos significa límites. Ni los ciudadanos, ni las empresas, ni los Estados tenemos un margen de acción indefinido o solo ajustado a cuestiones económicas; muy por el contrario, todo el accionar público o privado está legalmente condicionado al pleno respeto de los derechos humanos. Esto quiere decir que las políticas públicas y las políticas empresarias deben tener fundamentos de equidad, deben propender a la dignidad de las personas, al respeto de las culturas y a la protección del ambiente. Las políticas públicas y privadas deben integrar todos estos elementos”.
*************************************************************** “Debemos interpretar y exigir los derechos humanos en conexión con el ambiente” **************************************************************** “El desarrollo no es tal si no reduce la pobreza y si no procura la protección actual y futura de los recursos naturales y culturales. Para ello, es obligación inexcusable del Estado y del sector privado incluir todo proceso de desarrollo en un marco de derechos humanos, que reconoce que la gente necesita trabajo y oportunidades económicas, pero no a expensas del aire que respiran, la biodiversidad de la que gozan o la cultura que valoran”, enfatizó. En esta dirección, apuntó, “en el Centro de Derechos Humanos y Ambiente, ONG en la trabajamos todos los días para revertir esta situación de desigualdad socio-ambiental, promoviendo la visibilidad de las victimas de la degradación ambiental como víctimas de violaciones de derechos humanos, exigiendo el respeto de los derechos humanos”. Por este motivo, consideró que “el tratamiento de ‘lo ambiental’ desde el Estado, no puede limitarse a las acciones de un Ministerio o Agencia específica; por el contrario involucra varios aspectos de las políticas estatales y del sector privado y es absolutamente inseparable del acontecer económico y social”. En tanto, acotó, “las empresas deben ser concientes, medir, y reducir el impacto social y ambiental de su producción, actuando siempre en conformidad con sus obligaciones nacionales e internacionales, con respeto por los derechos humanos, por el derecho internacional ambiental, y deben respetar los crecientes y diversos estándares de responsabilidad empresaria que las gobiernan. Las empresas deben evitar las políticas de doble Standard, siempre buscando la protección y el cumplimiento del más alto nivel de protección y estándares universales en normativa ambiental y social”. “En un marco de derechos humanos, el Estado, los empresarios y los ciudadanos tenemos la obligación de actuar respetando la naturaleza y a aquellos que la habitan, no como gracias concedidas al prójimo sino porque tenemos la obligación jurídica de hacerlo”, subrayó y concluyó que, “como contrapartida del incumplimiento de esta obligación legal, las personas afectadas debemos tener la posibilidad de recurrir a un juez para demandar el cumplimiento de esta obligación. Sin acceso a la justicia para exigir la vigencia de nuestros derechos humanos frente a la degradación ambiental nuestros esfuerzos se diluyen”.
* Periodista de Investigación
Miembro de la RENACE, RedClac y AAPA, FUENTE: AAPA y CEDHA